Entró en vigor Ley contra violencia

A partir de este sábado, cualquier persona que asista a un evento deportivo con actitud rijosa que genere violencia, será sujeto a sanciones que van desde seis meses y hasta cuatro años de cárcel.
A partir de este sábado, cualquier persona que asista a un evento deportivo con actitud rijosa que genere violencia, será sujeto a sanciones que van desde seis meses y hasta cuatro años de cárcel.
 A partir de este sábado, cualquier persona que asista a un evento deportivo con actitud rijosa que genere violencia, será sujeto a sanciones que van desde seis meses y hasta cuatro años de cárcel.  (Foto: Notimex)
Ciudad de México -
  • Aquella persona que incurra en actos violentos en un estadio puede ser sancionado hasta con cuatro años de cárcel

A partir de este sábado, cualquier persona que asista a un evento deportivo con actitud rijosa que genere violencia, será sujeto a sanciones que van desde seis meses y hasta cuatro años de cárcel.   Este 10 de mayo entraron en vigor las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con las cuales se busca combatir la violencia en escenarios deportivos.   En estas reformas a dicha Ley se instituyó el padrón de personas que sean sancionadas por actos violentos, con la suspensión de su derecho de asistir a eventos deportivos, y estos datos se registrarán en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta información será de carácter confidencial y sólo autoridades de la materia podrán utilizarla.   Aquellas personas que lancen objetos contundentes que pongan en riesgo la integridad de otras personas, quienes invadan una cancha o causen desmanes en los estadios, así como en el transporte público, serán sancionados.   Además se contemplan castigos para quienes ingresen armas de fuego, explosivos o cualquier otro objeto prohibido.   Aunado a los seis meses y hasta cuatro años de prisión, habrá multas que van desde 10 y hasta 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.   Las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, así como autoridades municipales y órganos políticos administrativos, deben adecuar sus disposiciones legales vigentes de acuerdo con esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses.

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