El Club León de Grupo Pachuca busca calmar a su afición ante el inminente cambio de manos del estadio esmeralda, pese a la obligación de desalojar y a que se expone a una multa de 10 millones de pesos.
El lunes pasado, un juez determinó que el estadio deberá ser entregado a Roberto Zermeño máximo el 31 de octubre. Esa fue la última sentencia de un litigio en el que el mencionado empresario comenzó a ganar batallas desde 2014.
El municipio ha sido el administrador del estadio durante los últimos años y así lo ha cedido al León de Jesús Martínez, con un contrato de arrendamiento firmado en 2012 y con vigencia hasta 2022, mediante el cual le han perdonado varios gastos por servicios municipales.
Ante la última determinación del Juez Tercero de Distrito en León, el presidente municipal Héctor López Santillana aceptó este martes que devolverán el inmueble a Zermeño, pero aseguró que gracias a ese contrato de arrendamiento la Fiera podrá seguir jugando en el también conocido como Nou Camp.
El propio club emitió un comunicado pidiendo tranquilidad a su afición y recordando que el equipo se mantiene jugando en el estadio. Sin embargo, en el contrato de arrendamiento bajo el que se amparan se establece la obligación a desocupar el inmueble y a pagar una multa de 10 millones de pesos en caso de no hacerlo.
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“Para el supuesto de que se declare procedente el juicio (…) y se ordene la devolución y entrega del inmueble objeto de este contrato, ‘EL ARRENDATARIO’ está de acuerdo y expresamente se compromete a hacer la entrega y desocupación del referido inmueble”, menciona una de las cláusulas.
“Para el supuesto de que ‘EL ARRENDATARIO’ impidiera la ejecución de la sentencia ejecutoriada que se indica en la cláusula que antecede, se generará una pena convencional equivalente a $10,000,000.00 (…) que deberá garantizar exclusivamente y por anualidades”.
Desde 2012 en que el municipio de León firmó ese contrato, las autoridades locales se anticiparon a una posible derrota en el juicio, por lo que en el mismo estableció que el arrendatario estaría obligado a regresar el estadio, como se lee en los fragmentos del contrato.
El abogado de Zermeño, Roberto Hernández, aseguró a Mediotiempo este martes que el empresario no quiere afectar a los Panzas Verdes, pero lamentó que nadie de la directiva del equipo los ha buscado para negociar.
El León se enfrenta así a la obligación de desalojo, al pago de multa o a la necesidad de negociar con Zermeño mientras espera que termine de construir su nuevo estadio, proyectado para inaugurarse en 2022 e iniciar obras a principios del 2020, en terrenos cedidos por el gobierno.
UN LARGO LITIGIO Y VARIAS SENTENCIAS
Desde mayo del 2011, Zermeño exigió la devolución del estadio, el estacionamiento y los terrenos contiguos del Museo de la Piel y el Calzado. Tres años después ganaron en el Juzgado Tercero de Distrito y a fines de 2017 la Suprema Corte de Justicia ratificó el fallo, luego de varios amparos promovidos por el municipio de León.
En 1965 el gobierno donó los terrenos para la construcción del estadio, pero nunca emitió títulos de propiedad sino únicamente de uso. El gobierno luego creó en 2000 un fideicomiso que establecía que Zermeño entregaría el estadio al municipio y que 10 años después quedaría como dueño del inmueble.
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Sin embargo, en 2007 el gobierno rompió unilateralmente dicho convenio, mientras Zermeño estaba preso por una presunta defraudación fiscal, y el Registro Público de la Propiedad escrituró el estadio al municipio.
Fue así que en abril del 2011 Zermeño y su socio, Héctor González, bajo la Asociación Civil de nombre Club Social y Deportivo León establecieron la demanda para recuperar el estadio.
Zermeño gestionó al León durante los noventa, cuando fueron campeones de la temporada 1991-92 y a fines de esa década lo rescató de ser mudado a Puebla. Esa vez el entonces dueño, Valente Aguirre, gestionaba el traslado, para lo cual Zermeño recompró el equipo con el apoyo de empresarios leoneses y promesas del Gobierno de recibir apoyo.
