El mal momento que vive la Juventus no es solo deportivo. La escuadra italiana fue acusada de fraude contable hace años y, aunque la Fiscalía de Turín terminó por indagar en el caso, se dio a conocer que los fiscales habrían solicitado arresto domiciliario para Andrea Agnelli, presidente del equipo, como medida cautelar informan medios como La Gazzetta dello Sport.
Si bien los fiscales presentaron algunas pruebas para que se llevase a cabo esta acción en contra del directivo italiano, el juez de instrucción la rechazó "por falta de exigencias cautelares".
La escuadra italiana fue investigada durante 11 meses entre 2018 y 2020 por, supuestamente, haber colocado plusvalías ficticias en la compra y venta de jugadores; pagos sospechosos a futbolistas durante el Covid-19 y facturaciones falsas, lo cual sería calificado como fraude contable y "falsas comunicaciones al mercado", ya que el equipo cotiza en la bolsa.
Las investigaciones
De acuerdo con las conclusiones de los fiscales Marco Gianoglio, Mario Bendoni y Ciro Santoriello, el equipo habría decido de manera arbitraria el valor de varios futbolistas (entre 2018 y 2020) para cuadrar sus cuentas. Asimismo, dieron a conocer que durante la pandemia, los futbolistas que supuestamente iban a renunciar a 4 meses de sueldo solamente dejaron de recibir dinero en uno.
Por su parte, Corriere della Sera explica que tanto los valores maquillados de jugadores, así como los sueldos supuestamente anulados habrían ayudado a manipular los balances: en 2020 declararon pérdidas por 209 millones de euros en vez de 222 así como "un patrimonio neto positivo de 28 millones en lugar de un patrimonio neto negativo de 175 millones”; mientras que en 2021 revelaron pérdidas de 89 millones y no de 230, con un "patrimonio neto de 239 millones en lugar de 47″.
Tras estas revelaciones, se dio a conocer que los 16 investigados, entre los que están Agnelli; el vicepresidente de la Juventus, Pavel Nedved; el exdirector deportivo, Fabio Paratici y el consejero delegado, Maurizio Arrivabene contarán con 20 días para enviar un escrito de contestación o para solicitar nuevos interrogatorios. Una vez realizada la acción a la que se dispongan, el juez de instrucción determinará si se debe llevar a cabo un juicio.
