En México, la conmemoración del derecho al voto de las mujeres el 17 de octubre se remonta a 1953, cuando se estableció su participación en elecciones federales y su elegibilidad como candidatas. A pesar de esto, la lucha por el sufragio femenino comenzó en el siglo XIX en varios países, con el objetivo de garantizar la igualdad de ciudadanía para las mujeres. En el siglo XX, aproximadamente 84 naciones, incluyendo México, finalmente lo aprobaron.
La adquisición de este derecho en México tuvo un momento previo a 1953, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, cuando se comenzó a reconocer el derecho al voto de las mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, Cárdenas optó por no promulgar la reforma al artículo 34 de la Constitución. Algunos miembros de partidos políticos, como el Partido Acción Nacional (PAN), argumentaron que no tenía sentido reconocer el derecho al voto de las mujeres, ya que si sus esposos o padres votaban, se suponía que todas las familias apoyaban al mismo partido.
En 1947, se otorgó el derecho al voto a las mujeres solo a nivel municipal debido al temor de que la influencia conservadora y religiosa obstaculizara sus votos. Fue el 12 de febrero de 1947 cuando se registró en el Diario Oficial de la Federación la participación de las mujeres como votantes y candidatas. Luego, el 17 de octubre de 1953, en el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, se estableció como un sufragio universal, con la influencia de mujeres que habían estado luchando por este derecho desde el gobierno de Cárdenas.
El movimiento hacia el sufragio femenino en México se originó en el siglo XX, cuando las mujeres participaron activamente en los proyectos políticos posrevolucionarios. Esto surgió de su deseo de obtener igualdad de derechos con respecto a sus homólogos masculinos. El feminismo desempeñó un papel crucial en la articulación de estas demandas y en la creación de un proyecto político común que llevó a la obtención de derechos políticos.

A pesar de la concesión del derecho al voto, las mujeres se enfrentaron a obstáculos en su participación política, debido a estereotipos de género arraigados y la falta de políticas públicas que fomentaran su involucramiento en cargos públicos. La resistencia hacia la igualdad de género persistió en la cultura política patriarcal, lo que requirió reformas legales para establecer el principio de paridad y garantizar su cumplimiento.
En México, se han logrado avances significativos en la representación política de las mujeres a lo largo de los años. Se han implementado cuotas de género y, desde 2014, se ha alcanzado la paridad de género en las elecciones. A pesar de estos avances, las mujeres aún no han ganado la presidencia en México.
En la práctica, los partidos políticos han utilizado artimañas para mantener la supremacía masculina en el poder. Por ejemplo, otorgaban candidaturas a mujeres pero, después de ganar, los hombres asumían el cargo en su lugar. A pesar de estos obstáculos, la ley se ha adaptado con el tiempo para garantizar el derecho de las mujeres a participar en la política.
Recientemente, los presidentes de México han buscado activamente incluir mujeres en sus gabinetes, reconociendo que el costo social de no hacerlo es alto. La sociedad ya no acepta el argumento de que no hay mujeres calificadas, lo que demuestra un cambio en la mentalidad y un avance hacia la igualdad de género en la política mexicana.