En el marco legal laboral de varios países, incluido México, existe un derecho fundamental para los trabajadores conocido como la participación en las utilidades de las empresas.
Este derecho implica que las empresas deben repartir parte de sus ganancias entre sus empleados, de acuerdo con ciertas regulaciones establecidas por la ley. La omisión o el incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones significativas para las empresas.
¿Quiénes tienen derecho a recibir sus utilidades?
A pesar de que este derecho abarca a numerosos trabajadores, ciertos empleados, como los trabajadores domésticos, directivos y administradores, quedan excluidos de recibir estos fondos, de acuerdo con las directrices establecidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
Los empleados deben recibir sus utilidades antes del 30 de mayo si están empleados por una empresa, y antes del 29 de junio si trabajan para un empleador, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Multa para la empresa que no da utilidades
La Ley Federal del Trabajo establece que las empresas tienen como obligación el reparto de utilidades para sus trabajadores. Aquellas que no cumplan están sujetas a multas que van desde 50 hasta 5000 salarios mínimos.
Las multas van desde los 12,446 pesos hasta 1,244,650 pesos, considerando el aumento del salario mínimo general a 248.93 pesos diarios a partir de 2024.
Es importante señalar que, además de las multas económicas, las empresas que no cumplen con la entrega de utilidades también pueden enfrentar otras consecuencias negativas, como demandas laborales por parte de los trabajadores afectados y daños a su reputación empresarial. Estas repercusiones pueden tener un impacto significativo en la estabilidad financiera y la imagen pública de la empresa.
NO TODAS las compañías están obligadas a repartir utilidades. Existen algunas excepciones como las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y algunas instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
