La propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México genera interrogantes sobre su alcance en el sector público.
La iniciativa de reforma laboral, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, se centra en trabajadores del sector privado, dejando fuera a empleados públicos de los distintos niveles gubernamentales.
¿Qué pasa con los trabajadores públicos?
Según datos del Inegi, el sector público emplea a más de 5 millones de personas en el país, quienes no serían alcanzados por los posibles cambios en la jornada laboral.
La diputada Susana Prieto, autora de la propuesta, explica que los empleados públicos mantienen jornadas específicas, y la reforma no busca afectar esa dinámica.
El 21.6% de los trabajadores subordinados en actividades gubernamentales tiene jornadas superiores a 48 horas, según la ENOE, destacando la diversidad de horarios en el sector público.
Incorporar al sector público en la reforma implica modificar legislaciones locales que regulan las relaciones laborales de los servidores públicos. Diversas leyes estatales regulan las jornadas laborales del sector público, añadiendo complejidad a la inclusión en la reforma.
¿Qué sucede en otros países de Latinoamérica?
Se analiza la experiencia de Chile y Colombia, países que aprobaron reducciones de jornada sin incluir inicialmente al sector público. Ambos países redujeron las horas semanales de trabajo en el ámbito privado, pero no abordaron inicialmente cambios en el sector público.
Con esta estructura, se busca mantener a los usuarios interesados, proporcionando información clara y detallada sobre la reforma laboral y su impacto potencial en el sector público mexicano.
